Mientras la discusión pública sigue concentrada en las altas temperaturas que amenazan la salud, existe otro flagelo que avanza en silencio y que pocos gobiernos parecen dispuestos a enfrentar: el deterioro acelerado de nuestras ciudades provocado por el calor extremo.

Yucatán ya no vive veranos excepcionales; vive una nueva realidad climática. Cada año se rompen récords de temperatura y cada año las olas de calor son más prolongadas. Sin embargo, seguimos construyendo como si el clima fuera el mismo de hace cuatro o cinco décadas.

El resultado comienza a ser evidente. Pisos que se levantan sin explicación aparente, banquetas fracturadas, pavimentos deformados, impermeabilizantes que duran la mitad de su vida útil, fachadas agrietadas, estructuras metálicas sometidas a una expansión constante y edificios cuyo costo de mantenimiento aumenta conforme el termómetro sigue ascendiendo.

Todo material tiene un límite: el concreto se expande y se contrae; el acero modifica sus dimensiones; los adhesivos pierden propiedades; los selladores envejecen prematuramente y el asfalto se reblandece sobre su superficie, que puede superar los setenta grados centígrados. Lo que ayer era un fenómeno extraordinario, hoy forma parte de la rutina.

Lo preocupante no es que el calor dañe las construcciones. Lo grave es que seguimos autorizando desarrollos urbanos sin incorporar plenamente criterios de adaptación al cambio climático. Se continúa privilegiando el menor costo inmediato sobre la calidad, la eficiencia térmica y la durabilidad. La factura llegará, como siempre, a los ciudadanos.

La expansión urbana de Mérida ha sustituido miles de árboles por enormes extensiones de concreto, estacionamientos, plazas comerciales y fraccionamientos con escasa vegetación. Cada árbol perdido representa menos sombra, menos evaporación natural y más calor acumulado. Se construye más, pero se protege menos.

El resultado es una inmensa isla de calor que no solo afecta la salud, sino que acelera el envejecimiento de toda la infraestructura.

Paradójicamente, después aparecen los programas de bacheo permanente, las reparaciones constantes y los recursos extraordinarios para mantenimiento. Se atienden las consecuencias, pero rara vez las causas. La prevención sigue siendo la gran ausente de la política urbana.

La adaptación climática no es un lujo ni un discurso ambientalista; debe convertirse en una política de Estado. Se requieren normas de construcción acordes con las nuevas temperaturas, materiales de mayor resistencia térmica, techos reflectantes, áreas verdes obligatorias, pavimentos que reduzcan la absorción de calor y una planeación urbana que piense en los próximos cincuenta años y no únicamente en la siguiente administración.

El problema apenas comienza y cada grado adicional significará mayor desgaste para viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y redes de servicios públicos. Las ciudades no colapsan solo por un terremoto o un huracán. El calor extremo ya está poniendo a prueba la resistencia de Yucatán.

¿Quienes diseñan el crecimiento urbano tienen la misma capacidad para resistir la tentación de seguir improvisando?